La Defensa Pública presentó un recurso de amparo contra el Estado costarricense en el que solicita el cierre de 10 cárceles.
Las constantes violaciones a los derechos humanos de los reos durante la última década, motivó a la solicitud del cierre técnico
La idea principal es que no ingresen más condenados de los existentes en las cárceles El Roble, Sandoval, Cocorí, Pérez Zeledón, San Rafael, La Marina, San Sebastián, Pococí, Gerardo Rodríguez y La Reforma, así como cualquier otra con niveles de sobrepoblación.
El recurso presentado por la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, indica la violación “masiva, reiterada y prolongada” es producto de las deficiencias de la estructura política, legislativa y administrativa.
El amparo expone el termino discriminación estructural que atenta contra la dignidad de los reos, ya que las medidas generadas a favor de este grupo son insuficientes.
El recurso se presentó contra los Juzgados de Ejecución de la Pena, Defensoría de los Habitantes, los ministerios de Justicia y Paz, y de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Presidencia de la República.
Esas autoridades deberán rendir informes sobre las acciones que hayan tomado con respecto al sistema penitenciario, tanto en denuncias por violaciones a derechos humanos como en el seguimiento a las órdenes judiciales de cierres de centros, recortes presupuestarios y fiscalización.
Apunta que mientras en el 2000 había 147,9 reclusos por cada 100.000 habitantes, en el 2012 se elevó a 299,9 y hoy va por 321.
Además, plantea que la violación sistemática se traduce en un estado de las cosas inconstitucional, pues las acciones y omisiones continuadas, que transgreden los derechos, provienen de distintas instituciones y no se atribuyen a un único agente.
Para Marta Iris Muñoz, el problema de la sobrepoblación carcelaria no se limita a la creación de nuevos espacios, sino que debe cambiar el modelo de atención.
En el recurso solicitan que se procese por desobediencia a quienes hayan incumplido sentencias de la Sala IV dictadas para reducir el hacinamiento.
Muñoz recomienda que se desarrolle un plan de necesidades de recursos financieros, infraestructura, vehículos y personal para atender a la población y cumplir con el fin resocializador de la pena.
Además pide al Poder Ejecutivo presupuestos para que Justicia cubra sus gastos y Hacienda no los recorte.
Fuente: Nación
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